Abs
Absolutismo significa poder soberano o de origen divino desligado de
cualquier otra instancia de poder temporal, sea el papa
o
el emperador. En este sistema de gobierno el estado y el monarca se
consideraban como una única entidad situada por encima de la ley, y el
concepto de derecho divino de los reyes era la justificación que
legitimaba la pretensión de soberanía indivisible.
El
absolutismo, término
que procede del latín absolutus («acabado», «perfecto»), fue
el principal modelo de gobierno en Europa durante la época moderna,
caracterizado por la teórica concentración de todo el poder del Estado
en manos del monarca gobernante. La implantación del absolutismo
representó un cambio sustancial en la concepción sobre la dependencia
de las autoridades intermedias entre el súbdito y el Estado, situación
que comportó la creación de una burocracia eficaz, un ejército
permanente y una hacienda centralizada. Su andadura política se inició
en los siglos XIV y XV, alcanzó la plenitud entre los siglos XVI y XVII,
y declinó entre formas extremas e intentos reformistas a lo
largo del siglo XVIII.
Ningún
monarca absoluto trató de atribuirse la exclusividad o monopolio del
poder, sino la soberanía del mismo. Poder absoluto, durante la época
moderna, fue básicamente poder incontrolado, poder no sometido a límites
jurídicos institucionalizados. Éste fue el marco y la verdadera
preocupación de las monarquías europeas que se calificaron
interesadamente como absolutas, que se esforzaron por serlo de un modo
real, práctico y efectivo, y que lo consiguieron de forma parcial y
progresiva. Por tanto, el poder absoluto debe entenderse, por una parte,
como un poder soberano o superior, no exclusivo; es decir, presupuso y
asumió la existencia de otros poderes: señorial, asambleas
estamentales o cortes, reinos municipios, etc., respecto a los cuales se
consideró preeminente y, por otra parte, como un poder desvinculado de
controles o límites institucionales.
Los
antecedentes del absolutismo
El
siglo XIV y buena parte del siglo XV fueron escenario de innumerables
conflictos: depresión económica, fractura cultural y resquebrajamiento
político en un escenario de guerras marcaron el tránsito hacia el
siglo XVI. De la necesidad imperiosa por conseguir la paz en los
diferentes reinos europeos, se derivaron dos repercusiones principales
en el terreno político. Por una parte, los dos poderes tradicionales de
la cristiandad medieval, el papado y el imperio, recuperaron, si no su
anterior prestigio, sí su unidad. Por otra parte, a pesar de la gran
variedad de formas institucionales de poder las monarquías feudales del
medioevo salieron fortalecidas de una situación de crisis en la que habían
conseguido erigirse lentamente en representantes de grupos nacionales,
mucho más que de clientelas o huestes.
En
Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio, Polonia, Aragón y Castilla,
entre otros, el rey, soberano cristiano consagrado por la Iglesia, se
fue convirtiendo en la cabeza de una larga cadena de relaciones de
vasallaje, encuadradas en el complejo marco del régimen señorial, y en
el símbolo popular de la justicia. El monarca acumuló progresivamente
amplios poderes, reforzando así su autoridad, cosa que le permitió
vencer las resistencias y dotar de nuevos instrumentos al Estado.
Todo
el poder para el rey.
Las
principales resistencias vinieron desde diferentes frentes. La primera
era la fortaleza del poder de la nobleza. Garantizar sus intereses, en
el marco del afianzamiento del poder personal del rey, fue un equilibrio
permanentemente buscado a lo largo de la trayectoria política de todas
las monarquías absolutas. Éstas nunca fueron árbitros independientes
de la sociedad que se iba a dirigir, sino representantes insignes y
garantes eficaces de la perpetuación del poder y hegemonía social de
las noblezas, tanto si provenían de los señoríos de antigua estirpe,
como de los fieles titulados de nuevo cuño. Fue para ellas para quienes
se construyó el costoso aparato cortesano y el imponente mundo
palaciego.
La
segunda de las resistencias se concentraba en arrancar protagonismo a
los órganos representativos del reino (cortes, parlamentos, dietas,
etc.), todo ello sin intentar suprimirlos, ni atentar contra sus
derechos; solamente evitando y espaciando su ritmo de convocatoria y
haciendo que, progresivamente, perdieran su papel tradicional para
ratificar cualquier petición de subsidio de guerra o impuesto público.
La
tercera resistencia consistió en extender los tentáculos del poder
real al gobierno de ciudades, villas y corporaciones, siempre tan
celosas de sus privilegios y autonomía. Esto sólo pudo conseguirse a
través del desarrollo de una política de concesión de honores que
permitió al soberano inmiscuirse por muy diversas vías en las
elecciones de cargos destinados a regir las diversas facetas de la
administración municipal.
En
idéntica línea, se diluyó el último gran escollo: controlar al menos
terrenal de los poderes, la Iglesia. La profunda fractura religiosa de
mediados del siglo XVI, ligada a la Reforma protestante y la posterior
Contrarreforma católica, comportó, entre muchas otras repercusiones,
un proceso de reafirmación de las iglesias nacionales, cada vez más
alejadas de la omnipresente centralización del papado romano. En este
marco, se hizo evidente la preocupación de los monarcas por vigilar e
intervenir en la elección de los altos ministerios eclesiásticos que
habían de ejercer un papel relevante en la justificación pública de
la autoridad real y de su actuación política, en la paz y en la
guerra. Todos fueron frentes difíciles de batir y, por ello, la lenta y
no siempre exitosa lucha contra estas resistencias marcó buena parte de
la historia de la consolidación de la autoridad de las monarquías
absolutas europeas, a lo largo de los siglos en que ocuparon el
escenario del poder.
Realidades
muy diversas, pero preocupaciones similares.
Este
complejo envite se emprendió desde diferentes frentes. En Inglaterra,
acabadas las largas guerras medievales, Enrique VII inició una política
de pacificación interna que ahondó en el reforzamiento de la
autoridad real. Su obra fue culminada por Enrique VIII, modelo de príncipe
renacentista, quien acometió una profunda tarea de concentración del
poder al controlar a los nobles, reducir al máximo la convocatoria
del parlamento y crear la primera iglesia nacional, separada de Roma y
encabezada por el propio rey, después del cisma anglicano y la
promulgación del Acta de Supremacía (1534). En Francia, el período
comprendido entre 1494 y 1559, es decir, entre Carlos VIII y Enrique II,
supuso el arranque en la construcción de las nuevas estructuras del
estado monárquico absolutista con una renovada concepción del poder
real.
En
otras zonas, se avanzó hacia un claro proceso de consolidación
nacional. Polonia asistió a una vigorización del poder real,
respaldado por la nobleza, de la mano de la dinastía electiva de los
Jaguellones. La «Unión de las Tres Coronas» de Suecia, Dinamarca y
Noruega se disolvió en 1521 y se inauguró un proceso de redefinición
y asentamiento de las diferentes dinastías nacionales. En Rusia, de la
mano de Iván III y hasta el fin del reinado de Iván IV, recordado como
"el Terrible" (1584),
se promovió la centralización gubernamental en Moscú, el sometimiento
de la aristocracia boyarda y de las grandes masas campesinas y el
fortalecimiento del ejército. En Portugal, en la primera mitad del
siglo XVI, se vivió, bajo los auspicios de Manuel el Afortunado y Juan
III, un período de esplendor en el que se perfiló una primera gran
potencia mundial basada en un Estado moderno y un imperio transoceánico.
En
la Monarquía Hispánica, a finales del siglo XV, se emprendió con
Femando de Aragón e Isabel de Castilla una unión de reinos que puede
considerarse un adecuado ejemplo del concepto de monarquía autoritaria,
planteado como primera fase de avance hacia el absolutismo pleno. Esto
se consiguió a través de la articulación de un modelo de gobierno
llamado polisinodial, es decir, organizado a partir de diferentes sedes
de manera que se equilibrara el poder superior de los monarcas con la
existencia de instituciones representativas generales o cortes, y de múltiples
consejos con tareas específicas, como el Consejo de Castilla, de Aragón,
de Indias, etc. Así, se logró una gestión sorprendentemente ágil de
un reino que había alcanzado dimensiones planetarias ya en los inicios
del reinado de Carlos I de España y V de Alemania.
Los
instrumentos del absolutismo
El
proceso de organización y fortalecimiento de las monarquías se
consiguió venciendo resistencias y planteando una nueva forma de
entender y ordenar el estado. La renovación profunda del concepto de
política se gestó a lo largo del siglo XVI, alcanzó la plenitud en el
XVII, y radicó en dos grandes líneas de actuación: nueva política
económica y necesidad de eficacia en la política interior y exterior.
La
lenta tarea de articular los estados modernos obligó a los monarcas
absolutos a definir una política económica de Estado que superara la
ineficaz atomización feudal. La conquista de los imperios transoceánicos,
iniciada por Portugal y la Monarquía Hispánica y seguida de inmediato
por los Países Bajos, Inglaterra y Francia, obligó a centralizar
esfuerzos y a coordinar acciones para aprovechar tan ingentes riquezas,
utilizando para ello un principio novedoso: la riqueza de un reino
reside en sus reservas de metales preciosos, oro y plata. Para
aumentarlas, era preciso conseguir una balanza de pagos favorable: es
decir, vender mucho y comprar poco. Alcanzar tales metas conllevó una
actuación en un triple frente: primero, industrialismo o potenciación
de la producción del país, incluso a través del intervencionismo
directo del Estado en la actividad manufacturera; segundo,
proteccionismo contra la concurrencia extranjera en las cada vez más
complejas redes del mercado; y tercero, nacionalismo para garantizar que
los intereses particulares, tanto de empresarios y comerciantes, como de
las diversas corporaciones locales, se fundieran, fueran solidarios, con
los de la política estatal. Así, el mercantilismo económico,
teorizado principalmente por Jean Baptiste Colbert, intendente de
hacienda de Luis XIV reclamó una política de autoridad y seguridad y
se convirtió en un poderoso agente de unificación nacional. Con todo,
esta pretendida unidad de acción encontró uno de sus límites en el
lento proceso de articulación de Las cada vez más potentes burguesías
de negocios que, ya desde finales del siglo XVII, hicieron prevalecer
sus intereses y se opusieron al lastre del intervencionismo estatal.
La
organización del Estado
Junto
con la preocupación de que un país rico contribuía a la «gloria del
rey», era precisa una renovada organización de la política interior y
exterior. Tres fueron los elementos principales. El primero, la
necesidad de contar con técnicos de gestión pública y así, se formó
la burocracia estatal encargada de ejecutar las decisiones del soberano
y sus consejos en todos los ámbitos de la administración del reino.
Este nuevo funcionariado surgió desde muy diversas procedencias, ya que
los cargos públicos fueron una importante vía de ascenso social para
la baja nobleza y algunos burgueses, llegando incluso a la compra y
venta de oficios, también denominada venalidad (fenómeno típicamente
francés) y dio origen a la denominada «nobleza de toga».
Su
tarea desarrolló una actuación acorde con los intereses de los grupos
tradicionalmente privilegiados: aristocracia y nobleza antigua, que
eran los únicos autorizados a intervenir en los consejos privados de
asesoría al monarca, auténticas sedes de poder y de decisión en los
asuntos de estado.
El
segundo de los instrumentos fue la construcción de la hacienda pública,
fundamento imprescindible para cualquier actuación política. El rey
tendió a acaparar el derecho a imponer nuevas contribuciones que se
superpusieron a las tradicionalmente exigidas en el marco de municipios
y señoríos. Una fiscalidad tan repentinamente acrecentada, en un marco
de dificultades económicas y conflictos políticos como fue la Europa
del siglo XVII, comportó un progresivo malestar, tanto en burgueses y
ciudadanos, como en las clases populares, campesinos en su mayoría, que
encabezaron revueltas y motines contra un fisco arbitrario, gravoso y
desmesurado que acabó convirtiéndose en una nueva forma de renta
feudal, en este caso, centralizada.
El
último de los instrumentos fue la instauración de un ejército
profesional, desligado del concepto de hueste feudal, financiado a través
de las recaudaciones de la hacienda pública en formación y ocupado,
principalmente, en la defensa de las fronteras territoriales del reino y
el sometimiento de revueltas populares.
El
momento de esplendor de las monarquías absolutas
Este
complejo aparato institucional alcanzó su apogeo en un período de
esplendor que puede considerarse encarnado por un ejemplo emblemático:
Luis XIV, el Rey Sol, quien rigió los destinos de Francia durante el
difícil período comprendido entre 1661 y 1715. Si existió un monarca
que pueda considerarse el arquetipo de esta forma de gobierno, nadie
puede negar que los honores le corresponden a quien se consideró, tal y
como rezan sus divisas, la encarnación viviente de1 Estado (L'êtat
c'est rnoi) y
Luis XIV de Francia
Con
todo, hay que añadir que el absolutismo de los Borbones en Francia, con
ser el más característico, no fue el único ni el mejor organizado.
Siempre hay que matizar que el absolutismo fue una forma de entender el
ejercicio del poder en la Europa modema y, así, las trayectorias políticas
de los diferentes estados del continente se enmarcaron en regímenes monárquicos
típicamente absolutistas, con unas u otras especificidades, con
individualizados rasgos adaptados a la propia tradición política y
organización social, con entramados institucionales diversos, pero
siempre con un rey fuerte a la cabeza. Y esto ya sean los
Estuardo en Inglaterra, los Braganza en Portugal los Habsburgo en la
monarquía hispánica y en el Imperio, los Hohenzollem en Prusia, los
Vasa en Polonia, los Romanov en Rusia o los diferentes monarcas de los
países bálticos, especialmente los Palatinado-Zweibrücken en Suecia.
El
despotismo ilustrado
La
culminación del absolutismo se alcanzó en el siglo XVIII, pero, a
diferencia del siglo anterior, se introdujo cierta preocupación por
incorporar reformas que dieran un aire nuevo a la tarea de gobernar. Los
monarcas comprendieron la utilidad y la necesidad de controlar una
naciente opinión pública que se difundía en círculos europeos muy
restringidos de la mano de la cuantiosa correspondencia generada por
escritores y filósofos.
Es
innegable que el espíritu ilustrado dotó a los soberanos de un nuevo
vocabulario, un cierto toque laico y un estilo más veladamente
cortesano y menos lejano a los problemas del pueblo llano; pero también
lo es que la realidad de su actuación política puso de manifiesto que
no hubo diferencias sustanciales entre absolutismo y despotismo
ilustrado, independientemente de las veleidades reformistas. Así, se
mantuvo plenamente un concepto de política, encabezada por el monarca,
destinada a conseguir la grandeza de la nación; se desdeñó
definitivamente el papel de los cuerpos legislativos intermedios; se
fortaleció la política de centralización y se avanzó en la
potenciación de la autoridad de un Estado, en cuya cima se situaba el
soberano.
Con
esta meta, se impuso el ambiente reformista con unos principios claros.
Se promovió la intervención del Estado en la sanidad o la
beneficencia; se intentó suplantar la hegemonía de la Iglesia en el
terreno educativo, especialmente en las universidades; se impulsó una
cierta mejora en las vías de comunicación y en las obras públicas; se
fomentó, desde el Estado, el impulso a las actividades económicas
tanto agrícolas como en la manufactura o en la participación en las
grandes compañías de comercio ultramarino, y, finalmente, se pretendió
reorganizar la administración para robustecer el poder de los reyes.
La
burocracia estatal confeccionó, bajo supervisión del gobierno,
exhaustivos recuentos de población y de la riqueza individual de los
ciudadanos y elaboró los primeros censos sobre la industria, el
comercio y la navegación, todo ello siempre acompañado de informes y
memorias. En segundo lugar, se proyectó, con resultados muy desiguales,
reordenar la división territorial, para superar las dificultades que el
caos de las circunscripciones tradicionales imponía a la nuevas
exigencias de gestión de lo público. En tercer lugar, se redefinieron
los cargos de la administración. Aparecieron funciones ligadas al
renovado planteamiento del territorio, así, los gobernadores, cargos a
veces ocupados por militares si la plaza era conflictiva, fueron la
correa de transmisión directa entre el rey y los súbditos; y
los tradicionales consejos del rey, en manos de la nobleza, se
sustituyeron por los gabinetes de ministros en los que se hizo
imprescindible una formación técnica, casi siempre universitaria, para
participar en el gobierno del Estado.
La
etapa final del absolutismo
Toda
esta ingente labor de renovación partía de preocupaciones muy
concretas. La superación de los conflictos de toda índole acaecidos
durante el siglo XVII tuvo como telón de fondo el inicio irreversible
de lentos, pero profundos, cambios sociales que iban a afectar al
concepto mismo del poder. Diversos sectores de la sociedad inglesa
encabezaron un proceso de revolución política que acabó con el
absolutismo de los Estuardo. Los monarcas europeos empezaron a
preocuparse seriamente. La ideología de la llustración contenía
fermentos que auguraban la intensidad de los cambios porvenir. En este
marco, el despotismo ilustrado puede considerarse como un movimiento a
la defensiva de las monarquías europeas en el siglo XVIII y, por eso,
consiguió sus mejores logros en los países menos desarrollados. Son
las penínsulas mediterráneas o de las profundidades continentales de
la Europa Central y Oriental, es decir, la Europa terrateniente, donde
la aristocracia y la nobleza tradicional todavía eran clases
dominantes, y donde los monarcas pudieron ejercer una tímida función
de reforma, en especial por lo que respecta a la legislación de tipo
social, que les acercaba a las maltrechas clases populares. Al final, la
creciente animadversión social hacia el absolutismo desencadenó los
movimientos revolucionarios del siglo XIX. Estamos ya en los inicios de
una nueva época.
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